Luego de que se apartara la fiscal de la causa que investigaba la administración económica del Convento San Bernardo, también conocido como el Carmelo, la Procuración conformó una Unidad Fiscal para que continúe con las actuaciones judiciales.
La Unidad Fiscal se formó en paralelo a la denuncia sobre la retención ilegal de dos religiosas que, según se conoció, querían salir de la institución y no se lo permitían. Ambas testificaron ayer ante el fiscal Ramiro Ramos Ossorio.
La nueva Unidad estará a cargo del fiscal penal Gabriel González y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien está de licencia y aún no tuvo acceso a los expedientes.
La decisión fue tomada por el procurador Pedro García Castiella luego de que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se apartara de la causa. Antes, en la misma causa se había excusado la jueza Claudia Puertas.
La investigación se inició a la par de las denuncias que asentó en mayo la priora del Convento contra el arzobispo Mario Antonio Cargnello por violencia física, psicológica y económica. Odorisio investigaba la administración económica del Monasterio San Bernardo en relación con la fundación “Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús” y “Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús”; ambas fundaciones administradas por María Livia Galliano y vinculadas con la Virgen del Cerro.
Según se supo a principios de mes por el diario La Nación, la fiscal tomó la decisión luego de alegar haber sido cuestionada y maltratada por los abogados de las religiosas: Juan Casabella Dávalos y José Viola Morosini.
La determinación de la fiscal se habría dado luego de tomar declaración a la madre superiora en el Convento ante la jueza Ada Zunino. Se indicó que Odorisio argumentó haber sido “reiteradamente cuestionada” en cuanto a su tarea “investigativa” por supuesta “falta de objetividad y lealtad procesal”.
En su escrito, indicó el matutino nacional, Odorisio advirtió “agravios” por parte de los abogados de las monjas “quienes utilizaron términos agresivos e irrespetuosos (…) inapropiados en mi condición de magistrada y, principalmente, de mujer”.
La fiscal, además, indicó que “los letrados mencionados no dudaron en utilizar palabras ofensivas no solo para fundar la supuesta falta de objetivas (Sic), sino también para ofenderme en mi persona, generando ello un conflicto emocional para seguir interviniendo en las presentes actuaciones”.
Odorisio apuntó también especialmente contra Casabella Dávalos, por una actuación que calificó de “temeraria”. Aseguró que “su comportamiento violento y ofensivo hacia mi persona me genera violencia emocional para seguir interviniendo” en la causa. El mismo abogado ya fue cuestionado en otra causa, la del cura José Carlos Aguilera, acusado de abuso sexual. En dicha causa los denunciantes del sacerdote también aseguraron que buscó amedrentarlos.
Fuente: Eltribuno
