Protagonistas de la construcción salteña advirtieron sobre las consecuencias de una paralización de la obra pública con fondos nacionales, tal como lo anunció el presidente electo Javier Milei en entrevistas periodísticas que brindó en los últimos dos días.
“Espero que no sea tan extremo lo que se propone. Quiero creer que con la emoción y la euforia del resultado del domingo, son expresiones que no se cumplirán. Espero que prime la cordura”, dijo a El Tribuno el presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, Juan Carlos Segura.
En el mismo tono, el secretario general de la delegación local de la Uocra, Rubén Aguilar, sostuvo que si se cumple el anuncio del próximo primer mandatario sería “un crimen”.
“Porque dejará de trabajo a miles de salteños y de los sectores más vulnerables”, alertó el representante del gremio de los obreros de la construcción.
En tanto, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, dijo que el financiamiento nacional de la obra pública es un “tema clave”.
“Por eso nos quedamos con eso que se dijo que se respetan los convenios, y la frase de ‘dentro de la ley todo, y por fuera de la ley, nada’. Y en ese contexto estimamos que se seguirá con los convenios que la Provincia firmó con Nación para avanzar no solo con las rutas claves, como la 51, la 34 y otras que se plantearon, sino también con convenios que tienen que ver con el avance de un Centro de Convenciones en Cafayate”, señaló el funcionario en una nota con este diario.
Es decir, todos esperan en Salta que lo que afirmó Milei no sea cierto. El tiempo pondrá las cosas en el plano de la realidad.
Lo que se dijo
“Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan”, dijo el presidente electo en una de las entrevistas que concedió.
Aseguró, además, que durante su gobierno frenará la obra pública porque “no hay plata”. Indicó que esos trabajos serán “entregados al sector privado” y, en todo caso, advirtió que los intendentes deberán “buscar la forma de financiarla”.
Quien tendrá a cargo el área de infraestructura en el próximo gobierno, Guillermo Ferraro, explicó, por su parte, que se avanza en un esquema de Participación Público Privada (PPP). El mismo que intentó se intentó llevar adelante en la gestión de Mauricio Macri, pero fracasó por la falta de inversores dispuestos a hacer negocios en un país endeudado y con alta inflación.
Bajo el fallido sistema PPP se había propuesto en Salta la reconversión a autopista de parte de la traza salteña de la ruta nacional 34, entre Rosario de la Frontera y el límite con Jujuy. También la construcción de 1.650 viviendas que estaba prevista en cinco ciudades de la provincia. Y otro proyecto que se frustró fue la ambiciosa iniciativa de Aguas del Norte para buscar fondos privados que se encarguen de la segunda etapa de la megaobra del acueducto del dique Campo Alegre, para llevar el servicio a la zona este de la capital salteña.
Trabajo
Según las estimaciones del dirigente de la Uocra, en la actualidad la obra pública nacional ocupa a unos 6 mil trabajadores en Salta.
“Normalmente los gobiernos hacen lo más fácil para equilibrar sus cuentas, que es cortar la obra pública. Para ellos total no son empleados que estén prendidos de la ‘teta’ del Estado, y les importa muy poco”, aseguró Rubén Aguilar.
Sobre el sistema PPP, dijo que “no tiene sentido” en una provincia que tiene una geografía como la de Salta, en las que la mayoría de las obras que se requieren no tienen un fin comercial sino para otorgar una mejor calidad de vida a poblaciones históricamente relegadas. “En la ruta 40, por ejemplo, ningún privado va a querer invertir, porque pasa un vehículo cada hora, ahí un peaje no funciona”, razonó.
En cuanto a la situación de las empresas constructoras salteñas por el posible recorte de los fondos nacionales para obras, Juan Carlos Segura detalló que la Cámara que preside reúne 65 pymes.
“La mayoría dependen de la ejecución de la obra pública”, aseguró.
Panorama social de las obras
Hay unas 3.500 obras en ejecución en todo el país iniciadas por el Gobierno nacional, según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción. Fuentes del sector privado indicaron que, en el mundo desarrollado, la inversión privada “pura” ronda entre 7% y 8% del total de los proyectos. La inversión directa en obra pública fue de 2,8% del PBI en 2022.
Fuente: eltribuno
