El fiscal federal general Carlos Martín Amad hace cuatro meses, atento a que los gendarmes solicitantes ya fueron sobreseídos en una causa por “asociación ilícita y defraudación” no presentó objeción alguna a que los funcionarios públicos recibieran en devolución los bienes y efectos secuestrados en su momento en la causa iniciada unos 10 años atrás, tiempo que duró el proceso que finalmente resultó favorable para los nueve gendarmes acusados.
Lo cierto es que hasta la fecha ninguno de los exgendarmes (hay otro juicio para restituir su grado militar) logró recuperar sus bienes, por diversas razones, entre ellas la pérdida de los elementos secuestrados. Entre esos bienes había dinero, sueldos depositados en sus cuentas, dólares, títulos automotores, vehículos y otros elementos que fueron secuestrados al ser acusados, entre ellos una pistola automática marca Bersa 9mm, con su carga completa de proyectiles, cuya propiedad y tenencia era de uno de los acusados, quien reclamó su inmediata devolución.
Los gendarmes deberían ser reintegrados
El vocero de los litigantes, el excomandante Correa Da Silva, sostiene la firme postura que además de devolverles los bienes secuestrados deben ser reintegrados a Gendarmería Nacional, y pagárseles los sueldos adeudados durante los años que estuvieron procesados “injustamente”, ya que la Justicia Federal no pudo probar la culpabilidad, aun cuando los mismos gendarmes acusados en reiteradas ocasiones y públicamente solicitaron ser enjuiciados y terminar con una condena tácita, que no solo arrastró su honor y el de sus familias, sino que los condenó a una muerte civil, si se quiere; ya que muchos de ellos no pudieron hallar un trabajo para poder mantener a su familia, por los antecedentes penales.
El ex segundo comandante Jorge Correa Da Silva, uno de los sobreseídos, dijo ayer a El Tribuno que a pesar que no hubo objeción de la fiscalía, los bienes secuestrados no aparecen y por ello cree que son víctimas de un segundo padecimiento: esperar otra década para recuperar lo que les pertenece y que quedó en guarda del Estado.
Una respuesta antes de Navidad
“Nos dijeron que antes de la Navidad íbamos a tener respuesta acerca de lo que nos pertenece, pero aún seguimos esperando y no hay ninguna respuesta”.
“Durante diez años les rogamos que nos lleven a juicio, sabíamos que éramos inocentes y a la vez víctimas de un sistema perverso, como fue el armado de causas en contra de aquellos que hacían cumplir la ley en la frontera norte. Es tan así que nuestra causa (expediente) se usó para probar los tejes y manejes del entonces juez federal Raúl Reynoso, este hombre ya está libre y nosotros seguimos pegados a la justicia”, reflexionó.
Los gendarmes fueron sobreseídos
Los nueve gendarmes fueron sobreseídos por insubsistencia de la acción penal, por violación a la garantía judicial que establece el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Los funcionarios federales venían acusados y procesados desde el año 2012.
El caso comenzó con el llamado a indagatoria que fue realizado el día 25/1/2013, en fecha 10/12/2013 se dictó el procesamiento y finalmente el día 29/5/2015 el Ministerio Público Fiscal requirió que se clausure la instrucción y se eleven los presentes obrados a juicio. Recién en fecha 16/3/2023 se citó a las partes a juicio, debate que nunca se realizó.
Prohibido investigar
Correa Da Silva dijo el 29 de diciembre de 2020, cuando clamaba por ir a juicio oral para demostrar su inocencia, “aunque en muchas oportunidades dicen que algunos jefes de Gendarmería persiguen únicamente a los suboficiales, mi caso demuestra que persiguen a los que trabajamos honestamente y muchas veces por trabajar nos metemos en lugares o situaciones que no debemos. Esto es lo que me ocurrió a mí, al investigar el nexo entre civiles y oficiales, con anuencia del juez federal”.
Fuente: El tribuno
