Si cuotas aumentadas un 4.354% en cinco años y capitales adeudados que crecen mes a mes en millones de pesos no son suficientes para convencer a los bloques del Congreso de la urgencia de aprobar la ley que reclaman 120.000 familias argentinas ahogadas a más no poder con los créditos UVA, quizás el detalle de la última cuota que pagó Fernando los mueva a desempolvar proyectos antes de que se precipiten más fallos judiciales por vulneración de derechos tutelados por la Constitución y la ley nacional de defensa del consumidor.
La cuota de $208.990, que el vecino de Villa Soledad abonó al Banco Nación el pasado 2 de octubre, se conformó con $1.490 de “capital a cancelar”, $83.409 de “ajuste de capital”, $1.800 de “intereses compensatorios” y $122.200 por “ajustes de intereses”.
Frente a esos conceptos puestos a la vista, familias afectadas con créditos del programa Procrear ajustados con el Indice UVA tienen sobrados motivos para sentirse “víctimas de usura bancaria promovida y consentida desde el propio Estado”, como denuncian a los cuatro vientos. Y no piden otra cosa que una justa y razonable reformulación de esos préstamos en base a un coeficiente, el de Casa Propia, que el propio gobierno instrumentó para Procrear II como herramienta superadora del insostenible indexador.
Las tasas más altas
En los créditos variables con Indice UVA las cuotas y el capital adeudado no solo se actualizan con los índices inflacionarios, sino que además, los bancos agregan intereses que adicionan desde un 5,01 a un 10,57% de costo financiero efectivo a los planes ofrecidos a 15, 20 y 30 años. Lejos de lo que podría esperarse, entre las entidades financieras reguladas por el BCRA no es un banco privado, sino del sector público, el Nación, el que aplica las tasas más elevadas.
En primera persona
Para los que siguen empeñados en desconocer que las exorbitantes cuotas ni siquiera respetan los topes máximos de descuento de un salario o jubilación, quizás el testimonio en primera persona de Fernando conmueva a su adormecida fibra humana.
“Mi padre tenía una grave discapacidad certificada por médicos tratantes. Pasó los últimos años con su vida atada a una sonda y como paciente oxígeno dependiente. Solo contaba con una pensión no contributiva. Falleció el pasado 27 de febrero, con demencia senil y sin poder contar con asistencias ni medicaciones indispensables, porque apenas podíamos pagar el crédito usuario en el que caímos. Ahora sigo cuidando de mi madre. Tiene 84 años y cobra un haber jubilatorio de $214.000, más el bono que algunos meses le llega y otros no. Padece Alzheimer, sufre una avanzada ceguera y tengo que ocuparme de ella mañana, tarde y noche. No me quejo de las cruces que la vida puso en nuestro camino, sino de las injusticias. Hago lo que puedo y en las horas que puedo salgo a vender ropa, porque las desmedidas cuotas del crédito nos privan hasta de lo indispensable. Ya no llegamos a fin de mes. Honestamente, ya no sé qué más puedo hacer para evitar caer en atrasos con el banco y evitar que nos lancen a la calle. Por mucho tiempo me mantuve al día con el monotributo, pero no me quedó más remedio que dejar de pagarlo. No pido ninguna ayuda, sino justicia, porque por más voluntad que ponga, como a cientos de familias más en Salta, se nos hace imposible evitar que el banco nos terminen ejecutando”.
Fuente: El tribuno
