En el sector tabacalero, dos empresas concentran gran parte del mercado.
- Tabacalera Sarandí (que produce Red Point y Kiel) y
- Massalin Particulares (Marlboro, Phillip Morris, entre otros).
Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, que desde el 2017, año en el que fue establecido y que como muchas otras que empezaron como pymes (Bronway, por ejemplo), no pagan el impuesto interno mínimo.
A través de una serie de cautelares, Sarandí consiguió no pagar el tributo al advertir la desventaja de una pyme frente a una multinacional, lo que le permitió ofrecer sus productos a un precio hasta 50% inferior que sus competidores. Pasó, desde entonces a la fecha, de un cerca de 8% a un 45% de participación en el mercado.
El gobierno nacional, a través del nuevo texto de la ley bases, en su artículo 189 y subsiguientes, buscaban modificar ese panorama al elevar el impuesto interno, al tiempo que eliminaban el mínimo y establecía que la base de tributación sería la que informe como valor de venta al público la tabacalera.
El impuesto, además, se elevaría a 73%. Con estos cambios, el mínimo dejaría de existir y todas las empresas pasarían a tributar lo mismo.
El tributo que dejó de pagar TABACALERA SARANDÍ hasta la fecha representa una pérdida para el Estado de alrededor de US$2000 millones en los últimos ocho años.
Otero impulsó un lobby parlamentario en Diputados a través de los diputados bonaerenses Cristian Ritondo(PRO) y Carlos Castagneto (Unión por la Patria), y del salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) para mantener el statu quo, que afecta la recaudación del Estado y la competencia en uno de los principales sectores de la economía.
Este lobby permitirá a Tabacalera Sarandí continuar comercializando sus productos a precios ultrabajos y beneficiarse de una situación única en el mercado: no pagar el Impuesto Interno Mínimo de $792,73 pesos por paquete de cigarrillo.
Tabacalera Sarandí es cuestionada, no solo por no pagar el Impuesto Interno Mínimo, sino que en la Justicia obtuvo una cautelar contra una resolución que obliga a las tabacaleras a informar los movimientos de su materia prima. Y, en tercer lugar, por importar tabaco. Aún en junio del año pasado, cuando las importaciones se encontraban prácticamente cerradas, Sarandí continuaba importando tabaco desde Brasil.
El interés de un empresario, perjudica a cientos de productores de tabaco de nuestro país. Salta como otras provincias tabacaleras verían afectadas sus economías regionales por estas maniobras poco claras. No se entiende que un Diputado Nacional por Salta, acceda a un lobby que pone en riesgo a cientos de familias salteñas que trabajan en el sector tabacalero.
