El Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró convertir en ley el plan de pago de deuda previsional, que apunta a beneficiar alrededor de 800.000 personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.
La iniciativa se aprobó con 134 votos positivos y 107negativos. El bloque que comanda Germán Martínez logró el quorum con lo justo -129 diputados presentes- gracias al aporte del interbloque Provincias Unidas –su tradicional aliado-, del Frente de Izquierda y de cuatro diputados del interbloque Federal: los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein, y los bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño. El interbloque de Juntos por el Cambio, si bien había anunciado que no facilitaría el tratamiento de ninguna ley del Gobierno mientras se desarrolle el juicio político a la Corte Suprema, ocupó sus bancas una vez que el oficialismo consiguió el quorum.
El debate
El sitio especializado Parlamentario.com precisó que a la hora de fundamentar el dictamen de mayoría, el diputado Carlos Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.
“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.
El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.
En su intervención, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se pronunció en contra del proyecto porque consideró que “no ataca el problema y va a fracasar”. En síntesis, el libertario brindó dos razones: “Estamos buscando financiar a personas para la jubilación mínima que si no tienen un gran poder adquisitivo, difícilmente puedan terminar feliz este plan de pago”, y agregó: “Les estamos ofreciendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.
Para cerrar, expresó: “Solo una de cada diez mujeres y uno de cada diez hombres llega a jubilarse con los 30 años de aportes”, y cerró: “Si no atacamos el problema de la gran cantidad de regímenes y la informalidad vamos a fracasar”.
El diputado del Pro Luciano Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.
Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.
Qué establece la flamante ley
La flamante ley establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.
Fuente: Lagaceta