Se cumplirán cuatro meses y se agotan los plazos procesales que la Justicia le otorga a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) que formó el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, y que integran los agentes Pablo Cabot, Lorena Martín y Rafael Medina, para determinar de manera fehaciente los hechos y los responsables del robo de Catez, la bebé originaria wichi que el 14 de julio fue sustraída desde la sala de maternidad del hospital Juan Domingo Perón donde dormía junto a sus padres.
La chiquita fue interceptada cerca de las 6 y localizada por unos vecinos que residen en el denominado asentamiento Urtubey, al lado del barrio Roberto Romero, a la 1 de la madrugada del día siguiente, en estado de hipotermia. A pesar del despliegue de la Policía de la Provincia que en cuestión de horas llegaron a Tartagal con canes, más efectivos y móviles, la nena no fue encontrada por ningún uniformado en el marco de los procedimientos y allanamientos llevados adelante en esas horas que resultaban literalmente vitales para Catez.
A la bebé la encontró un chico de 19 años residente del asentamiento Urtubey alrededor de la 1 del día 15; cuando los perros comenzaron a ladrar de forma insistente, el muchacho quiso saber qué los había puesto de esa manera, cuando escuchó el débil llanto de un bebé. Como no se animaba a recogerlo le pidió a una tía que vive al lado que juntos fueran a ver si era la bebé que se buscaba en todo Tartagal y localidades vecinas. Efectivamente, era Catez, por lo que la recogieron, la arroparon y llamaron al sistema de emergencias 911.
Allanamientos y secuestros
Para la familia que rescató a Catez comenzó una verdadera pesadilla porque, por ejemplo, a la mujer un fiscal ya le sugirió que “agradezca que no te imputamos por el robo de la bebé y no estás presa”. Según relató a los medios locales, la Brigada, en la última semana de septiembre, le allanó la vivienda y le sacó los dos teléfonos que utilizaban ella y su esposo “para peritarlos, pero ya me dijeron que difícil que me lo devuelvan”, recordó.
Pero no fue el único caso porque a otra familia que reside en el barrio Roberto Romero le sucedió algo similar. Le allanaron la vivienda, le secuestraron los teléfonos con el argumento de que en el momento en que Catez apareció, la antena da cuenta de que su teléfono se activó a esa hora, algo que la mujer desmiente categóricamente porque asegura haber estado durmiendo, ella y su familia.
¿Un apuro por resolver?
En el caso del robo de Catez, una joven de 25 años de la etnia wichi fue detenida acusada de haber sido la persona que se robó a la bebé, según las imágenes de las cámaras de seguridad en cercanías al hospital Juan Domingo Perón. Los familiares de la originaria hicieron marchas y un mes después de su detención decidieron instalarse en los ingresos al edificio judicial de Tartagal, por lo que la Justicia le hizo lugar al pedido de detención domiciliaria.
“En todos estos meses no se agregó un solo elemento más, ni una declaración testimonial, ni ninguna otra evidencia que determine que esta mujer que vive en situación de extrema vulnerabilidad y es madre de dos niños, haya sido la responsable o la única responsable del robo de Catez. Porqué se la llevó, cómo hizo para ingresar y salir del hospital con total tranquilidad, qué tenía pensado hacer con la bebé, si hubo alguna promesa de dinero de por medio por parte de alguien; y lo más importante si actuó sola o con otras personas. Nada de esto pudo determinar la investigación de la UFI. Si la causa sería hoy elevada a juicio tengo la seguridad que esa mujer tendría que salir sobreseída y que el robo de Catez quedaría impune” Las afirmaciones son del abogado Rambert Alexis Ríos, quien es querellante en la causa representando a los padres de la bebé originaria que milagrosamente fue encontrada con vida y se recuperó en el hospital después de una semana de cuidados intensivos.
El penalista Ríos si bien no patrocina al albañil que denunció a la Brigada de Investigaciones consideró que “el apuro por sumar elementos por parte de la brigada tiene una sola explicación. Para que cierre el relato de la fiscalía faltan elementos de pruebas y evidencias porque por ejemplo, con semejante despliegue policial que se hizo en barrios y comunidades de Tartagal, con perros entrenados y personal especializado, nadie puede comprender cómo una chica originaria en estado de vulnerabilidad total pudo tener la habilidad y la logística que se necesita para mantenerse oculta con un recién nacido que llora, que necesita alimentarse. Cómo llegó hasta el lugar donde encontraron a Catez sin que nadie se percate de nada y si seguimos indagando hay demasiados cabos sueltos” explicó.
La denuncia
La denuncia contra la Brigada de Investigaciones fue formalizada por un padre de familia residente en el barrio Los Ceibos, quien precisó que el pasado 1 de septiembre, dos oficiales de la Brigada de investigaciones se presentaron en su domicilio “sin orden de allanamiento y coaccionaron a mi esposa y a mi hijo menor de edad para que les permitieran ingresar a mi domicilio, con el argumento de que estaban buscando una moto robada de color azul. Yo trabajo desde la mañana hasta la noche en la localidad de Salvador Mazza por lo que aprovechándose de la buena fe y la falta de conocimiento de mi esposa sobre las garantías constitucionales, ingresaron a mi vivienda”, comenzó relatando en la denuncia.
El denunciante de apellido Moya agregó: “Ingresaron a mi domicilio pero como no encontraron la moto que decían buscar se retiraron, pero horas más tarde llegaron otros dos oficiales de la misma Brigada de Investigaciones -un masculino y una femenina-, quienes no se identificaron, con un acta y obligaron a mi esposa a firmar. Comenzaron a interrogar a mi hijo y revisaron toda la vivienda. Las preguntas que le hacían a mi esposa y a mi hijo se las hacían de forma amenazante e intimidante, como exigirle que diga por qué había ropa en malas condiciones en los roperos o dónde habían escondido la campera azul. Se llevaron teléfonos, una computadora, pendrive y otros elementos personales y de estudio de mi hijo que estaban en mi casa”.
El denunciante identificó a uno de los brigadistas que participaron del allanamiento y refirió que el 14 de julio había estado por la mañana en el hospital Perón sacando turno para su hija menor para el especialista en neumonología. Para dejar constancia del trámite el denunciante aportó el turno y la receta médica que le expidió el profesional. En su denuncia exigió asimismo que se le restituyan todos los elementos que los policías secuestraron de su vivienda y que al parecer, no sumaron ningún elemento a la investigación por el robo de la bebé.
Fuente: el tribuno
